Aún nos duele

Señor Director:

En el debate en la Cámara de Diputados sobre la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y en una reciente carta a los lectores de "La Nación", el Diputado Alsogaray le atribuyó al Gobierno Justicialista co-responsabilidad en el plan represivo que llevó a cabo la dictadura militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. Sostuvo que "el plan de exterminio" -como lo calificó la Cámara Federal en el histórico juicio a las juntas militares- utilizado por los jefes de las Fuerzas Armadas fue el mismo, antes y después de esa fecha.

Su pretexto fue el Decreto 2772 de octubre de 1975 del Poder Ejecutivo firmado por ltalo Luder, interinamente en el ejercicio de la presidencia de la Nación y refrendado por todo el Gabinete Nacional, en el cuál se desempeñaba el actual Vicepresidente de la Nación, doctor Carlos Ruckauf, como Ministro de Trabajo y el suscripto como Ministro de Economía.

En homenaje a la verdad histórica de aquélla traumática y dolorosa época quiero precisar:
1. En momentos que las actividades subversivas habían desbordado la capacidad de las fuerzas de seguridad y tanto desde la opinión pública, del Parlamento y de las propias filas del justicialismo se alzaban voces reclamando acciones más enérgicas y eficaces para defender a la sociedad, el decreto mencionado instruyó a la Fuerzas Armadas "aniquilar el accionar de la subversión". Conforme a la doctrina y a la terminología castrense tal orden significaba encomendarles la adopción de medidas tendientes a neutralizar la capacidad de combate de la subversión armada. De ningún modo puede interpretarse dicha orden como una autorización para exterminar a personas nucleadas en organizaciones subversivas mediante metodologías contrarias a la Constitución y a la Ley. Por ello, el decreto tampoco fue objeto de impugnación ni crítica alguna, ni en el Parlamento, ni en la Justicia, ni en los medios de comunicación que funcionaban con plena libertad.
2. Alsogaray asegura que entre 1970 y el 24 de marzo de 1976 en la Argentina hubieron 917 desaparecidos. y menciona a "asociaciones ilícitas delictivas como la Triple A que contaban con apoyo oficial". Nadie ignora que después de la muerte del Presidente Perón se acrecentó la espiral de violencia con derivaciones patológicas promovidas por grupos demenciales. Las bandas armadas de ultraizquierda y ultraderecha libraban entre sí una lucha sin cuartel, con numerosas víctimas en ambos lados. Ya hemos afirmado en numerosas oportunidades anteriores que las bandas lopezrreguistas actuaban clandestinamente, al margen de la voluntad política del Gobierno y de la Presidente. Y que fue el peronismo una de sus principales víctimas: pagó con la vida de numerosos dirigentes y militantes bárbaramente asesinados. Pero fue también nuestro propio Movimiento el que finalmente expulsó al lopezrreguismo con la histórica movilización popular del 27 de junio de 1975 en la Plaza de Mayo.
3. Puedo dar testimonio concluyente que el golpe comenzó a gestarse inmediatamente después de la muerte de Perón y que progresó, conforme a planes previamente elaborados, a pesar de los ingentes esfuerzos que hicimos para convencer a los jefes de las Fuerzas Armadas que se encaminaban a una decisión irresponsable y finalmente suicida. Por otra parte, el Gobierno ya había anticipado la fecha de las elecciones generales para octubre de 1976. Y había convocado a la oposición en busca de un consenso que permitiera llegar a los comicios "aunque sea con muletas" como sostuvo Ricardo Balbín. Además, la subversión había quedado desarticulada tras el demencial ataque a los cuarteles de Monte Chingolo, en diciembre de 1975. A esa altura sus cuadros eran solo grupos residuales que apenas si superaban el millar de efectivos, aislados de todo apoyo civil, sin logística, ni recursos y sin moral de combate.
4. En consecuencia, es falso de toda falsedad afirmar que "la metodología diseñada para combatir la subversión fue aprobada por las autoridades de entonces". El "plan de exterminio" fue una decisión secreta de los jefes de las Fuerzas Armadas adoptado junto a la preparación del golpe de Estado, jamás conocido ni consentido por el Gobierno Constitucional. y que sólo pudo llevarse a cabo después de su derrocamiento por la fuerza y la abolición del Estado de Derecho.
5. Cabe concluir que en medio de una aberrante vorágine de violencia como nunca conoció la historia del país, el Justicialismo en el gobierno defendió a la sociedad de la insurgencia subversiva dentro de los marcos de la Ley y del Derecho, con la Constitución en la mano. No por sobre ella ni contra ella, como lo hizo el Proceso Militar y sus apóstoles civiles de todos los tiempos quiénes saludaron con euforia su llegada, como lo hicieron en 1930, 1955, 1962 Y 1966. Muchos de ellos, 22 años después, parecería que evocan aquellos años de terror como si se hubiese tratado de un mal necesario y no de una inmensa tragedia sufrida por nuestro pueblo y abonada con el holocausto de decenas de miles de argentinos. Se equivocan quiénes, como el Diputado Alsogaray, llevados por su antiperonismo visceral, pretenden falsificar la historia y cosechar algún mendrugo político. No es así como se contribuye a cicatrizar las heridas de un ayer que aún nos duele.

Antonio Cafiero